Diputado Álvarez Por Pesca Furtiva: “Debemos Apresurar La Tramitación De Este Proyecto De Ley”

La existencia de mafias organizadas, acciones violentas, una débil legislación vigente y la falta de recursos del Sernapesca para fiscalizar una situación que amenaza el sustento de miles de familias, son algunos de los temas principales presentados por el diputado Sebastián Álvarez en las comisiones de pesca realizadas, donde, además fue aprobado de forma unánime.

El proyecto surge de una visita en terreno del diputado Sebastián Álvarez, quien denunció la pesca furtiva del salmón Chinook, en la cuenca del río Toltén, donde numerosos emprendedores que cuidan el recurso y cumplen con todas las disposiciones legales ven como desaparecen los peces y son comercializados por pescadores furtivos, sin mayores controles de parte de las autoridades respectivas.

Jimmy Matalama, Presidente de Agrepetur, señala que “Es muy importante para el crecimiento del turismo y para el beneficio de más de 4.000 personas a nivel regional. Este anhelado proyecto va a dar un mayor impulso al desarrollo, ya que, al fin, vamos a erradicar las mafias y malas prácticas en nuestros ríos. Este es el beneficio que la gente tanto necesitaba”.

Por su parte, el diputado Álvarez sentenció “Es importante que este proyecto de ley sea aprobado, pues tenemos que anticiparnos porque la temporada de pesca recreativa comienza una vez saliendo de la pandemia, y ya hemos visto, en tiempos de cuarentena, como los pescadores furtivos no han terminado sus acciones ilegales en los ríos. El turismo es uno de los pilares estratégicos de la Región de la Araucanía y la pesca recreativa representa una actividad turística de gran valor agregado, pues genera beneficios a las comunidades de los territorios aledaños, por lo tanto, es una oportunidad tremenda para la reactivación económica” concluyó el parlamentario Evópoli.

La moción contempla multas que oscilan entre diez y 110 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se arriesga recibir la pena de presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días) entre otras sanciones.